Aún queda tiempo. (Artículo de Santiago Jiménez). Miembro de CEAS-SÁHARA

Santiago Jiménez

Santiago Jiménez. Fue expulsado el pasado día 11 de abril de los Territorios Ocupados del Sahara Occidental.

La mañana del 11 de abril había amanecido neblinosa y cargada de un cierto bochorno, denso e irrespirable.

Cuando ya declinaba, en el aeropuerto de la ciudad de El Aaiún, en el Sahara Occidental, se producía por enésima vez un hecho para nada irrelevante pero, por desgracia, habitual, una pantomima absurda y aparentemente irreal, un nuevo atentado contra la legalidad y los derechos cívicos que buscaba reforzar el muro de silencio con el que se pretende controlar y condicionar la información acerca de lo que acontece en ese territorio no autónomo y pendiente de descolonización, como lo califican las Naciones Unidas.

Efectivos de la policía y la seguridad marroquíes rodeaban el avión que hacía la ruta habitual desde la ciudad de Las Palmas, controlaban el descenso del pasaje y expulsaban del país a un grupo de observadores españoles, impidiéndoles ni tan siquiera descender del aparato. Eran cinco personas, tres hombres y dos mujeres, y constituían una representación de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España y de la Asociación Española para la Defensa Internacional de los Derechos Humanos. Y yo era uno de los integrantes de la misma.

La actitud despótica y desconsiderada, la carencia de toda explicación acerca de lo que se decide, la voluntad de no atender a razones ni establecer el más mínimo diálogo constituían las expresiones más evidentes de la prepotencia con la que Marruecos pretende transformar un inexistente derecho de conquista, siempre impositivo y arbitrario, dotándolo de una falsa legitimidad, a modo de potencia administradora de facto, y encubriendo, aunque tan solo de modo aparente, su decidida e inequívoca voluntad anexionista.

En la tarde anterior, había tenido lugar una de las muchas manifestaciones, que se han producido en estos días, a favor de la autodeterminación y solicitando que la ONU se responsabilice del control de los derechos humanos e impida la represión constante a la que se somete a la población saharaui; y la policía había cargado duramente y con extrema brutalidad contra la misma, ocasionando numerosos heridos.

Y es que la coyuntura exige especiales medidas de atención y control y un esfuerzo suplementario de la observación y el testimonio directo acerca de lo que sucede ya que, en estos días, se hace público el Informe anual del Secretario General de la ONU sobre la cuestión saharaui y se produce el debate y la consiguiente resolución en el seno del Consejo de Seguridad. Un momento importante teniendo en cuenta las estrategias diplomáticas que, el año anterior, habían llevado a Estados Unidos a solicitar que la MINURSO, la misión de la ONU encargada de la supervisión del alto el fuego, incorporase a sus funciones la de controlar el respeto de los derechos cívicos en el territorio, para después retirarla ante la voluntad, manifestada por parte de Francia y Rusia de vetar toda posible resolución en ese sentido. Una actitud compartida explícitamente por España.

Un año después, la situación no ha cambiado sustancialmente y la política marroquí al respecto no es sino una política de gestos, carente de toda voluntad política por reconocer y respetar a quienes, dentro del Sahara, reivindican el derecho a la autodeterminación y la independencia, que no la separación de Marruecos (del que no forman parte), para el pueblo saharaui. En su manifiesta actitud de desafío a las recomendaciones de las Naciones Unidas, el Gobierno marroquí crea organismos a los que no dota de capacidad resolutiva, promete adoptar conductas que incumple y, sobre todo, y en el colmo de la torpeza y la doblez, invita a visitar el territorio a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y al Relator Especial contra la Tortura, el profesor Juan Méndez, dependientes ambos de la ONU, en las semanas siguientes a la próxima resolución emitida por el Consejo de Seguridad!

Una muestra del interesado manejo de los tiempos que hacen las autoridades del Reino de Marruecos en relación al tema y de su voluntad de dilatar indefinidamente los plazos de una posible toma de decisiones como la mejor solución para sus intereses. Hay que decirlo alto y claro: Marruecos no está interesado en otra conclusión del contencioso que no sea la integración efectiva del Sahara en el estado marroquí, aunque para ello tenga que intentar comprar la voluntad de todo el pueblo saharaui o esperar eternamente a que desaparezca.

Y es en esa voluntad desenfocada y cerrada donde reside la mayor debilidad política del planteamiento del monarca y del Majzén, auténtico almacén en el que se parapeta la maraña oligárquica que controla no solo la vida política o el gobierno sino también las riquezas de Marruecos. Ni en el 1957, con ocasión del conflicto de Ifni-Sahara; ni en los primeros años 70, coincidiendo con el fortalecimiento del nacionalismo saharaui y su voluntad independentista; ni en el 1976, en la época de la ocupación de la Saguía el Hamra y del inicio de la guerra tras el pacto/venta concebido en el llamado Tratado de Madrid; ni en el 1979, tras su ocupación de la parte sur del Sahara como consecuencia del abandono de la guerra por parte de Mauritania; ni en el 1991, cuando se firma el alto el fuego que debería dar paso al acordado referéndum de autodeterminación; ni en todos estos años de dificultosa paz, hasta el día de hoy; nunca la monarquía ni la administración marroquí han querido reconocer y respetar la existencia de un pueblo vecino como el saharaui, cuya identidad no ha hecho sino reafirmarse a lo largo de los años y cuya voluntad soberana no ha sido ni será aniquilada por fuerzas e intereses mucho más fuertes y poderosos pero bastante menos convencidos de la legitimidad de sus reclamaciones.

Sin reconocimiento real y efectivo de sus adversarios, sin otorgarles la dignidad que les corresponde y que reiteradamente se les niega, se hace imposible llegar a ningún acuerdo que no contenga un cierto nivel de coerción hacia aquellos que dilaten la exploración de las posibles soluciones. Y eso es lo que pide la situación, que el consenso se provoque, sancionando moralmente los incumplimientos en relación con lo acordado. De otro modo, nuestros nietos seguirán escribiendo de este conflicto en presente.

La relación de presos políticos encarcelados por parte de Marruecos se hace difícil de concretar, ya que a las continuas detenciones se le deberían de restar algunas liberaciones por el cumplimiento de las condenas impuestas o la finalización de los arrestos preventivos. A ellos cabría sumar los reos comunes cuyas condenas se hayan visto modificadas por su condición de ciudadanos saharauis, objeto continuo de desconsideración y de sospecha por su mera condición de tales. En todo caso, se hace más fácil contabilizar el número de condenas de exagerada dureza: nueve de cadena perpetua (una de ellas en rebeldía), cuatro a treinta años de encarcelamiento, otras siete a veinticinco años, cuatro más a veinte años y una de quince.

Brutales y desproporcionadas sentencias, dictadas en procesos sin garantías procesales, que no buscan sino crear un estado de pánico paralizante en la población y dar una baza a los políticos marroquíes para ejercer el chantaje en el marco de las posibles negociaciones, convirtiendo a los detenidos en rehenes con los que negociar en un hipotético mercadeo Diplomático.

En estos próximos días, previsiblemente antes de que se publique este texto, el Consejo de Seguridad habrá prorrogado el mandato de la MINURSO y adoptado algunas medidas para ver de desbloquear y agilizar el proceso negociador en la búsqueda de una solución en exceso dilatada y cuyo retraso no constituye sino un factor de mayor desestabilización para el proceso y la zona. Una región afectada, en los últimos tiempos, por la consolidación de sus focos de radicalismo islamista y la tensión militar creada a partir de la guerra de Mali y el posterior ataque terrorista contra la planta de gas de In Amenas, en Argelia.

Los últimos días han creado una honda inquietud en la monarquía y el gobierno marroquí, que, quizá, sea la explicación de la pesadilla de amenazas a la seguridad interior que han dado pie al histérico control de fronteras que ha multiplicado la expulsión de ciudadanos extranjeros desde el pasado día 11.

Por una parte, la Audiencia Nacional, en la persona del magistrado Pablo Ruz, ha desestimado archivar las causas abiertas por crímenes cometidos en el Sáhara Occidental durante la guerra entre Marruecos y los independentistas saharauis. Y, lo que es más importante, es que lo ha hecho basándose en los argumentos de que los saharauis eran españoles y que el territorio estaba sometido a la dependencia de la administración española aún hoy potencia administradora de iure, según los argumentos emitidos por el ministerio fiscal. Una razón y una evidencia que las autoridades gubernamentales del Estado español se niegan reiteradamente a asumir y aplicar en su política exterior.

Por otro lado, el Informe elaborado por el Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, recoge las violaciones de los derechos humanos que se producen en el Sahara Occidental y emite una consideración bien explícita acerca de la necesidad de establecer un mecanismo “sostenido, independiente e imparcial” que se encargue de la supervisión y el control del cumplimiento de los mismos de manera regular en nombre de las Naciones Unidas; así como la necesidad de situar bajo control internacional los re cursos naturales cuyos beneficios deberían de revertir sobre la población autóctona, propietaria legal de los mismos.

Recogiendo, en buena medida, una preocupación expresada por organizaciones no gubernamentales y ciudadanos de todo el mundo y reivindicada, de forma más impactante, por la carta abierta que le fue dirigida en idéntico sentido por dos altos cargos con responsabilidades en relación con este conflicto como Frank Ruddy, en 1994 subjefe de la MINURSO , y Peter Van Walsum, Enviado personal del Secretario General entre 2004 y 2008.

Estas recomendaciones han causado un auténtico terremoto a nivel diplomático en el reino de Marruecos. Lo que ha supuesto la inmediata destitución del embajador ante la ONU y su sustitución por el Sr. Omar Hilal y las inusitadas advertencias del Rey Mohamed VI al Secretario General de las Naciones Unidas de que “cualquier desviación de esta dirección −se refiere a la situación vigente− sería fatal para el proceso y pondría en riesgo la implicación de la ONU en el asunto”. Lo que supone recurrir a la amenaza y sugiere la posibilidad de actuar unilateralmente, al margen de la comunidad internacional, actual garante del statu quo.

Nuevas evidencias de la falta de voluntad política por garantizar la búsqueda de soluciones y, menos aún, de concretarlas en un plazo más o menos cercano. Y ese es el núcleo enquistado que impide la dinamización política de las estrategias diplomáticas.

Para nadie es un secreto que el bloqueo de la actuación del Enviado personal del Secretario General para el tratamiento de la cuestión saharaui Sr. Christopher Ross, provocado por Marruecos, es insostenible; y que el momento político aconseja la puesta en práctica de políticas más activas que aborden la consecución de soluciones concretas.

Es una exigencia si se quiere conseguir la suficiente estabilidad en el Magreb como para poder plantear acuerdos que dinamicen y activen la región en busca de un crecimiento compartido y sostenido que beneficie a los pueblos y a sus gobiernos. No es posible ya basar los éxitos políticos propios en los fracasos o las debilidades de sus vecinos. Toda la zona precisa adquirir conciencia de asumir este tipo de exigencias si quiere abordar con perspectivas de futuro la construcción de su próximo porvenir.

Y solucionar la cuestión de la descolonización del Sahara es, sin duda, un objetivo prioritario y fundamental para ese hipotético y nada desdeñable proyecto. Si los distintos países tienen la voluntad de asumir los retos pendientes, aún es tiempo de hacerlo. Y Marruecos no debería de marginarse del proceso como se ha autoexcluido de la Unión Africana.

Santiago Jiménez. Profesor de Historia. Miembro de CEAS-SÁHARA.

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