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Human Rights Watch habla sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado

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“Marruecos prohíbe en el Sahara Occidental reuniones públicas, deniega el reconocimiento legal de asociaciones”

En el Sáhara Occidental, las autoridades prohibieron todas las reuniones públicas consideradas hostiles a la norma impugnada de Marruecos sobre ese territorio, desplegando una gran cantidad de policías que bloquearon el acceso a los lugares de las manifestaciones y, a menudo por la fuerza, dispersaron a los saharauis que pretendían reunirse.

En el Sáhara Occidental, las autoridades denegaron el reconocimiento legal a todas las organizaciones locales de derechos humanos, cuyo liderazgo apoya la independencia de ese territorio, incluso asociaciones que ganaron resoluciones administrativas judiciales que afirmaban que se les había denegado injustamente el reconocimiento.

“Marruecos expulsó al menos 40 visitantes extranjeros del Sahara Occidental”

Entre abril y octubre, Marruecos expulsó al menos a 40 visitantes extranjeros del Sáhara Occidental. La mayoría de los afectados eran o europeos que apoyan la autodeterminación saharaui o periodistas independientes o investigadores que no habían coordinado su visita con las autoridades. Estas expulsiones, junto con la severa vigilancia a la que la policía marroquí sometió a los extranjeros que visitaron y se reunieron con activistas de los derechos saharauis, socavaron los esfuerzos de Marruecos para mostrar el Sáhara Occidental como un lugar abierto al escrutinio internacional.

Daudi

Mbarek Daoudi, activista saharaui. Agencias

“Marruecos continúa juzgando civiles en tribunales militares. 21 saharaui permanecen en prisión”

Mientras tanto, los tribunales militares continuaron juzgando a civiles, incluyendo a Mbarek Daoudi, un activista saharaui detenido desde septiembre de 2013 por cargos de armamento. Otros 21 saharauis permanecieron en prisión cumpliendo largas condenas impuestas por un tribunal militar en 2013. Los hombres habían sido acusados en relación con la violencia que estalló el 8 de noviembre de 2010, cuando las autoridades desmantelaron el campamento de protesta de Gdeim Izik en el Sáhara Occidental. Once miembros de las fuerzas de seguridad murieron en los disturbios. El tribunal militar no investigó las denuncias de los acusados de que los agentes de la policía los habían torturado y obligado a firmar declaraciones falsas, y se basó en gran medida en estas declaraciones para dictar su veredicto de culpabilidad.

Gdeim Izik

Marruecos desmantela el campamento de protesta de Gdeim Izik en el Sáhara Occidental. Agencias

Después de visitar Marruecos y el Sáhara Occidental en diciembre de 2013, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) concluyó: “El sistema judicial penal marroquí se basa en gran medida en las confesiones como la principal evidencia para apoyar la condena. Las quejas recibidas por el Grupo de Trabajo indican el uso de la tortura por parte de funcionarios estatales para obtener pruebas o confesiones durante el interrogatorio inicial… Los tribunales y los fiscales no cumplen con su obligación de iniciar una investigación ex officio siempre que haya motivos razonables para creer que una confesión se ha obtenido a través del uso de la tortura y los malos tratos”. El GTDA dijo que las autoridades le permitió visitar los lugares de detención que había solicitado, y entrevistarse en privado con los detenidos que habían elegido.

Fuente: www.hrw.org